Tránsito Constitucional

El Centro de Estudios Convivencia realizó la segunda etapa del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba entre abril de 2016 y julio de 2016. Culminando con dos encuentros de estudio, uno en la Isla y otro en la Diáspora. Pinar del Río, Cuba, en abril de 2016 y Universidad Internacional de la Florida, USA, en julio de 2016. El tema escogido para esta segunda etapa del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba fue: “Un nuevo marco jurídico y tránsito constitucional para Cuba, de la ley a la ley”. Responde a la necesidad de identificar de antemano y dar contenido a un paquete de leyes que, interrelacionadas entre sí, faciliten, ordenen y agilicen las reformas que Cuba necesita.

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Visión:

1. Se identifican y proponen las leyes necesarias y oportunas que, con una sinergia entre sí, sean suficientes para crear un marco jurídico, coherente y eficaz, que facilite, emprenda y de legitimidad a las reformas estructurales que Cuba necesita para alcanzar un futuro próspero, sostenible y feliz.

2. Se establecen los pasos necesarios para un tránsito constitucional que dote a la Nación de una nueva Carta Magna que recoja lo mejor de nuestras tradiciones constitucionales, responda a las necesidades actuales y consagre el nuevo marco legal con un referendo que apruebe la Constitución y facilite unas reformas orgánicas, participativas, ordenadas y lo más ágiles posible, pasando de la ley a la ley.

Objetivos:

1. Proponer un paquete de unas primeras 45 leyes que han sido identificadas por los participantes y se ha comenzado a estudiar para darles contenidos como: finalidad de la ley, objetivos, derechos y deberes que garantiza, áreas que deben abordar, impacto en el bienestar de los ciudadanos y en el desarrollo integral de la Nación. En el Informe de Resultados pueden consultarse esos contenidos para cada ley. Por supuesto que están abiertos al debate y enriquecimiento.

2. Agrupar, para su estudio y presentación, esas primeras 45 leyes en cuatro grandes bloques formados por aquellas leyes que, interactuando entre sí, pretenden alcanzar las cuatro prioridades identificadas como los cuatro pilares en la búsqueda del bien común, sentido y fin de las políticas públicas. A saber: Leyes Orgánicas y estructurales (12); Leyes Económicas (14), Leyes para el Desarrollo de la Sociedad Civil (9) y Leyes para el Desarrollo Humano Integral (DHI) (10).

3. Optar por una escala de valores en la que la dignidad plena de la persona humana sea el sujeto, el centro, el principio y el fin de este nuevo marco jurídico y del nuevo texto constitucional. De modo que la política, la economía, el tejido de la sociedad civil, el Estado y sus relaciones internacionales, estén al servicio de la persona humana, de su dignidad y sus derechos, de su desarrollo integral y pleno, buscando hacer realidad la paradigmática aspiración humanista del Apóstol de nuestra Independencia José Martí: “Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

4. Proponer contenidos medulares para cada una de las 4 partes de una nueva Constitución de la República: Preámbulo, Parte dogmática, Parte orgánica, Modificación y tránsito constitucional. Recomendar que la Parte dogmática preceda a la Parte orgánica para poner énfasis en los derechos y deberes de la persona del ciudadano, y que esta Parte dogmática consagre, en el texto constitucional, los derechos contenidos en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1976) que Cuba firmó en 2008 y, además, los derechos referidos al mundo del trabajo consagrados en los Convenios de la OIT y que se tenga en cuenta el primer Código del Trabajo (1929) presentado al parlamento cubano en 1930 por la Academia de Ciencias Sociales. Se crea el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

5. Tener muy en cuenta la inspiración, el contenido vigente, y los derechos sociales y culturales de la Constitución de 1940, la más adelantada de nuestra historia y de toda América Latina. En la Parte Orgánica se propone un modelo de gobierno semi-parlamentario o parlamentario con fuerte control del ejecutivo por parte de instituciones fuertes y estables y por parte de la sociedad civil para evitar el caudillismo, los populismos y la alternancia en los tres poderes públicos.