La instalación de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) trajo consigo el despeje de algunas dudas, la revelación de nuevos términos y plazos para la transición generacional y la señal oficial de arrancada del proceso de reforma constitucional.
Como resultado concreto, Raúl Castro no se mantuvo en los espacios de dirección del Estado y del Gobierno, pero encabezará las principales decisiones que se tomen en el país, al tiempo que brinda su legitimidad y “peso político” como garantía y respaldo a Miguel Díaz-Canel como su sustituto. En el Consejo de Estado permanecen Ramiro Valdés, como vicepresidente, y Guillermo García como miembro, ambos representantes de la generación histórica.
Añádase que Raúl y Machado Ventura se mantienen como Primer y Segundo Secretario del PCC, respectivamente, hasta el año 2021 y que desde esa organización partidista provienen las principales propuestas políticas del país, rol ratificado reiteradamente.
Estos datos van en paralelo a la renovación de miembros del Consejo de Estado, el carácter civil de este órgano (solo Leopoldo Cintra Fría, ministro de las FAR, representa al sector militar) y a la elección para el máximo puesto de una figura que no proviene de los históricos. Sin embargo, se puede afirmar que no ha concluido la transición generacional.
Es válido anotar que la continuidad de las políticas de la reforma no está determinada por la permanencia de las figuras históricas en los espacios decisores. Tampoco está determinada la ruptura de la institucionalidad producida después de 1959 por la nueva generación. El entramado de condiciones que apuntan a uno u otro horizonte es mucho más complejo que únicamente definir el grupo etario que ocupa los principales cargos partidistas, estatales y gubernamentales.
Otro resultado importante de la sesión constitutiva de la nueva ANPP fue el anuncio de que se iniciará oficialmente el proceso de reforma constitucional. Tómese en cuenta que este es el asunto pendiente de mayor envergadura dentro de los cambios encaminados a partir del 2007.
Respecto a lo anunciado, valga destacar la prevalencia de una opción más democrática en la definición de los pasos que tendrá el proceso. La misma se concreta en la consulta popular sobre el proyecto de Constitución y la posterior realización de un referéndum. Contrario a esta opción, se especuló sobre la posibilidad de circunscribir las discusiones solo a la ANPP. No obstante, el alcance democrático del proceso que se avecina dependerá de reconocer y adecuar los límites que experiencias anteriores han tenido en cuánto a métodos, espacios, instituciones y sectores definidos para la consulta, los debates y las decisiones finales.
Hasta ahora se conoce que el próximo mes de julio se encargará a una comisión de diputados y diputadas la redacción y presentación a la Asamblea del proyecto de nueva Constitución. Algunas preguntas serían pertinentes sobre el alcance de la misma, por ejemplo: ¿La comisión elaborará la propuesta o trabajará sobre una ya adelantada? ¿Qué nivel de autonomía tendrá para su desempeñó? ¿Se consultará a sectores e instituciones diversas? ¿Qué referentes constitucionales serán tenidos en cuenta? ¿Habrá una cobertura informativa que permita seguir las etapas del proceso y acceder a las visiones diversas sobre los temas específicos que se debatan? ¿Qué método se utilizará para procesar las propuestas y decidir cuáles se incluyen?
Si bien la señal de arrancada se dio el pasado 19 de abril, algunas pautas de la reforma han sido adelantas por representantes de la oficialidad. De igual manera han aparecido propuestas diversas en varios espacios sociales. Esto significa que el debate no ha esperado por este anuncio y que la continuidad del mismo debe ser asumida como parte de la riqueza democrática del proceso. Sería poco alentador que algunas zonas de esa riqueza quedaran fuera de las consideraciones para la definitiva redacción del nuevo texto constitucional.
Algunos de los temas que han emergido son:
a) la unificación de los puestos claves del Gobierno, Estado y Partido en una solo persona;
b) la limitación a dos mandatos de cinco años cada uno para ocupar los cargos principales del Estado y el Gobierno,
c) la ratificación el rol del PCC como partido único dirigente del Estado y la Nación,
d) la ratificación del carácter socialista del Estado cubano,
e) la composición de la ANPP (cantidad de miembros y representatividad),
f) la profesionalización de la Comisión Electoral,
g) la actualización de los derechos, deberes y garantías constitucionales,
i) la actualización de los capítulos de ciudadanía y familia,
j) la reformulación del régimen de propiedad
k) la pertinencia de un tribunal constitucional
i) la potenciación de los municipios dentro del sistema del poder popular
Estos puntos, y muchos más, deberían movilizar la reflexión, propuesta y decisión popular, con el objetivo de crear una “Ley de leyes” capaz de resguardar, al menos en sus postulados básicos, el proyecto histórico de nación con justicia social y soberanía. Proceso que por su alcance democrático ha de contribuir a que el tránsito generacional en la dirección del país gane en legitimidad para su gestión de gobierno.
Foto: Alexandre Meneghini (Reuters)
Artículo publicado en Cuba Posible
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