Gatopardismo en Cuba

Quizás la mejor estrategia para los que detentan el poder real en Cuba sea “que todo cambie para que nada cambie”.

Desde hace dos meses circula en Cuba el Proyecto de Constitución de la República, aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión ordinaria los días 21 y 22 de julio. De la Constitución de 1976 se mantienen 11 artículos, se modifican 113 y se eliminan 13.

Tal como expresa el proyecto en su introducción, desde el año 2013 “el Buró Político creó un grupo de trabajo, presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, con el objetivo de estudiar los posibles cambios a introducir en el orden constitucional”.

El proyecto ha despertado una intensa polémica reflejada en los numerosos artículos que analizan o cuestionan el contenido y los procedimientos para ratificar la nueva constitución.

La crítica más significativa hace referencia al hecho de que una Comisión de 33 personas no electas haya sido la encargada de redactar la Carta Magna que establece las reglas de convivencia para todos los cubanos.

La redacción de la nueva Constitución se ha realizado a puerta cerrada. No ha habido una Asamblea Constituyente elegida por los ciudadanos.

¿Qué cambios pueden esperarse, pues, cuando los procedimientos a través de los cuales nace la nueva Constitución, como es habitual en Cuba, son tan poco democráticos y transparentes?

Sin embargo, desde el gobierno se promueve la idea que “cada cubano podrá expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy y el futuro de la Patria”.

Con este fin, se ha establecido un proceso de consulta popular sobre el texto – que se realiza entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre – para recabar la opinión de los habitantes de todas las regiones de la isla.

El periódico Granma informa que más de 1.400.000 cubanos residentes en 120 países pueden participar en el proceso de consulta popular – el ejercicio democrático más amplio del mundo, según el periódico oficialista -, rellenando una papeleta.

Se trata de un mecanismo aparentemente sin fisuras, pero los resultados del referéndum no son vinculantes. El proyecto tampoco especifica cómo se introducirán las propuestas ciudadanas en la nueva constitución.

Los cubanólogos se muestran escépticos: “estos foros están generando discusiones entre las élites interesadas”.

En efecto, los temas centrales no parten de un debate público, sino que ya han sido determinados por la Comisión de los 33. Por otra parte, es probable que el cubano de a pie no tenga ni tiempo ni demasiado interés en ocuparse del proyecto constitucional cuando la vida cotidiana se le va perdiendo entre colas y esperas.

La cuestión de la legitimidad

Desde la llegada de Raúl Castro al gobierno, impera en la isla una sensación que es una mezcla de cambio y de frustración. Raúl Castro ha abierto algunas puertas, especialmente en lo económico, y han florecido los cuentapropistas y la compraventa de propiedades, se han restablecido las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y han llegado muchos turistas.

En 2016, los turistas fueron 2 millones; en 2017, 4.7 millones. Sin embargo, el contexto regional se deterioró notablemente con el colapso de la economía venezolana y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y los cambios se han ido truncando.

La realidad muestra que los cambios realizados han sido puro maquillaje y que no han resuelto ni las necesidades cotidianas de los cubanos ni los problemas estructurales de la economía.

Cuba sigue siendo una economía dependiente de un socio que la subsidie. No se ha podido, o no se ha querido, implementar cambios en cuanto a la coexistencia de dos monedas.

Desde la enfermedad y fallecimiento de Fidel, la legitimidad del régimen constituye sin duda un foco de inquietud para los líderes del Buró y del Partido Comunista.

En este sentido, las medidas implementadas, que han abierto espacios económicos y políticos a los ciudadanos, podrían ser tan sólo estrategias para legitimar la Revolución después de Castro.

El papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

En la introducción de la nueva constitución aparece la primera referencia a la Defensa y Seguridad Nacional para precisar que, en tiempos de paz, el Consejo de Defensa Nacional cumple tareas en caso de desastres naturales y otros eventos de carácter excepcional.

El artículo 3 sostiene que la defensa de la Patria Socialista es el honor más grande y el deber supremo de cada cubano.

El Título X sobre Defensa y Seguridad Nacional, que consta de 8 artículos, plantea unos objetivos similares a los de todas las fuerzas armadas en América Latina: “velar y mantener la independencia y soberanía del Estado, su integridad territorial, su seguridad y la paz”. Sin embargo, el artículo 212 reafirma su concepción en base a “la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo”.

Es importante señalar otro punto, que no ha sido modificado respecto de la anterior constitución, y que incide de modo especial en la calidad de vida de la población.

El artículo 215 define las instituciones armadas del Estado como “las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y las formaciones armadas del Ministerio del Interior”. Quiere esto decir que la seguridad del Estado está absolutamente militarizada, lo cual tiene implicaciones evidentes para el respeto de los derechos civiles.

Hay que recordar que la securitización, en definición de Ole Wæver, es un proceso mediante el cual un actor (el Estado) señala la existencia de una amenaza y se arroga el derecho de tomar medidas extraordinarias para hacerle frente.

En definitiva, se asignan funciones para-legales al Ministerio de Interior para que determine quiénes pueden ser identificados como amenaza para el Estado, tipificación ésta arbitraria y subjetiva.

Esto ha permitido históricamente a las FAR mantenerse al margen y no verse involucradas nunca en violaciones de los derechos humanos, a diferencia de la mayoría de las fuerzas armadas de la región.

En Cuba, el trabajo sucio de persecución política ha ido siempre a cargo de las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior.

En el artículo 27 se determina que “El Estado dirige, regula y controla la actividad económica nacional” y, aunque no se cita, sabido es que lo hace a través de las FAR.

Esas funciones empresariales confieren un enorme poder a las fuerzas armadas, que no sólo tienen el monopolio del uso de la fuerza, sino que además incorporan el de la producción y las finanzas.

Cabe señalar, por último, que la nueva constitución es muy confusa en cuanto a qué órgano ostenta el poder supremo. El artículo 5 dice que el Partido Comunista (definido como martiano, fidelista y marxista-leninista) es la fuerza dirigente superior, mientras que el artículo 9 sostiene que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado.

¿Que todo cambie para que nada cambie?

Los activistas, los opositores, los cubanos en el exilio, los cubanólogos y los leales al gobierno están discutiendo esta reforma constitucional que, probablemente, no va a cambiar radicalmente la vida de ninguno de ellos.

¿Se busca darle legalidad al gobierno de Díaz Canel? ¿Se trata de una distracción ante los escasos cambios en lo económico? Algunos analistas sostienen que Díaz Canel no hará cambios y que su objetivo es asegurar el status quo para los que tienen el poder real y garantizarse a sí mismo la permanencia.

Otros opinan que al no existir división entre el Estado, el Partido y las FAR, la posibilidad de que los militares decidan actuar autónomamente es algo que puede darse en los regímenes capitalistas, pero no en el caso de Cuba.

Pero en realidad no está tan claro. En Venezuela, por ejemplo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana condiciona al gobierno y se autoproclama defensora de la revolución. Podríamos citar también el caso de Myanmar, donde no hay reforma posible sin el apoyo de los militares.

Los cambios podrían dar lugar a nuevas presiones políticas y modificaciones que hoy parecen impensables. En ese escenario, las FAR ¿estarían dispuestas a perder privilegios? ¿O se establecerían como un baluarte para proteger sus haberes en un eventual reparto de poder?

En las actuales circunstancias, quizás la mejor estrategia para los que detentan el poder real sea un gatopardismo a la cubana y es desde esta perspectiva que cabe considerar el proyecto de nueva constitución.